Por Miguel Díaz Román
13 de mayo de 2022
Agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) han estado indagando detalles sobre los desencuentros que determinados corredores de seguros han tenido con las pólizas del gobierno, en lo que podría ser el primer asomo de una posible pesquisa a fondo sobre los manejos irregulares en el programa de Seguros Públicos, que administra la gran mayoría las pólizas de seguros del gobierno central, los municipios y la Legislatura.
Las indagaciones han versado sobre diversos temas, entre los que figuran el presunto uso de criterios políticos en la selección de corredores por parte de los directivos de Seguros Públicos, una entidad adscrita al Departamento de Hacienda.
Otro tema ha sido el tráfico de influencias en las altas esferas de poder en las administraciones de gobierno, para que se favorezca a determinados corredores, quienes prometen jugosas aportaciones económicas a los partidos políticos.
De hecho, uno de los corredores de seguros que conoce la gestión que realiza el FBI, reveló, que “para mi asombro”, los agentes estaban en pleno conocimiento del favoritismo demostrado por Seguros Públicos en el reclutamiento de corredores, dirigido a beneficiar a determinadas figuras de la industria de seguros, cuyos apellidos están vinculados a las esferas de poder en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático.
Incluso, según el corredor de seguros, los agentes demostraron conocer que tales familias e individuos representan una fuente de ingreso para los partidos políticos. También demostraron estar al tanto de que algunos corredores contratados por Seguros Públicos comparten sus comisiones con agencias de agentes generales, como parte de un “preacuerdo” establecido por figuras de alta jerarquía en los partidos políticos, con el compromiso de que el agente general orientará hacia el partido una porción de la comisión que reciba.
La contratación de intermediarios de parte de los corredores de los seguros del gobierno, y el pago de comisiones a los intermediarios, ha sido una controversia sancionada en el pasado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
Las indagaciones del FBI han sido realizadas por dos agentes que poseen apellidos ingleses, pero ambos tienen ascendencia puertorriqueña. Incluso, uno de los agentes conoce la industria de seguros local porque en el pasado trabajó en varias aseguradoras durante varios años.
Los corredores de seguros plantearon a los agentes del FBI que Seguros Públicos los destituyó de las agencias que le fueron asignadas, a pesar de su buen desempeño en la selección de las pólizas de seguro, de que produjeron ahorros en el pago de primas y atendieron con premura sus reclamaciones.
No evalúan el desempeño de los corredores
Señalaron que Seguros Públicos se ha caracterizado por no evaluar el desempeño de los corredores y que la permanencia o separación de un corredor responde más a su fidelidad política y al monto de dinero que entregará al partido.
Los corredores describieron a los agentes del FBI varios casos en los que determinados corredores fueron negligentes porque no seleccionaron las aseguradoras con las mejores clasificaciones crediticias, lo que luego repercutió adversamente en las agencias del gobierno central y en los municipios.
Alegadamente, la precariedad financiera de estas aseguradoras y su incapacidad para garantizar acuerdos de reaseguro adecuados en relación a los riesgos suscritos, impidió que determinados municipios y agencias del gobierno recibieran el pago de las reclamaciones generadas por el huracán María.
Además, la selección de aseguradoras con una baja calificación crediticia pudo representar violaciones a disposiciones federales. Los corredores explicaron que el gobierno federal exige que las instalaciones públicas construidas con fondos federales se deben asegurar con aseguradoras solventes que posean la más alta clasificación. Además, la Ley PROMESA prohíbe colocar seguros públicos en aseguradoras con problemas de insolvencia
“Se le explicó a los agentes que algunos corredores y agentes generales causaron pérdidas al gobierno, porque seleccionaron aseguradoras que después de María, desaparecieron por liquidación. Esos corredores y agentes generales no fueron sancionados por Seguros Públicos. No tan solo no fueron sancionados, sino que Seguros Públicos los premió por su incompetencia, al asignarles otras agencias el año siguiente”, dijo uno de los corredores que no quiso revelar su identidad.
Las aseguradoras Integrand Insurance y Real Legacy fueron intervenidas y sometidas a liquidación por la OCS en el 2019, luego de que surgiera que carecían del reaseguro necesario para afrontar reclamaciones. La póliza del Tren Urbano fue suscrita en 2016 en la aseguradora Real Legacy, a pesar de que la OCS había emitido varios informes documentando su creciente insolvencia.
Algunos conocedores de la industria de seguros señalan que la OCS también contribuyó a la insolvencia de las aseguradoras, debido a la pobre fiscalización de sus acuerdos de reaseguro y de las reservas. No obstante, se reconoce que los recortes presupuestarios afectan el desempeño de las OCS.
FBI ni niega ni confirma
Otro de los corredores señaló que las arbitrariedades en Seguros Públicos son tan caprichosas e injustificadas, que en ocasiones la propuesta de un corredor fue rechazada a pesar de que el documento que presentó este año es similar al que presentó el pasado año, cuando fue seleccionado.
La oficial de asuntos públicos del FBI, Limary Cruz Rubio, no negó ni confirmó que exista una investigación en curso sobre las presuntas irregularidades en Seguros Públicos.
Las indagaciones de los agentes, las cuales no significan que exista una investigación formal, indican al menos que en esa agencia federal ha reaccionado a las quejas recibidas de parte de ciudadanos y de otros corredores sobre las acciones tomadas en Seguros Públicos.
También revela que el FBI se ha movido a corroborar si la corrupción se ha enquistado en la selección de los corredores de seguros del gobierno y si la división de Hacienda es el objetivo de la influencia de determinadas personas vinculadas a las maquinarias de los principales partidos políticos.
Continuamente, cuatrienio tras cuatrienio, trascienden en la prensa del país señalamientos sobre la presunta influencia política en la selección de los corredores de los seguros del gobierno.
De hecho, las denuncias sobre irregularidades en Seguros Públicos ha provocado que la Legislatura considere actualmente una medida, el Proyecto de la Cámara 1169, que propone establecer el mecanismo de subasta para la contratación de corredores y de pólizas de seguros en el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas. La medida, radicada por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Conny Varela, ya fue examinada en una vista pública.
Donativos a cambio de contratos
Probablemente, la primera vez que surge en un documento público una denuncia sobre la presunta solicitud de donativos políticos a corredores de seguros a cambio de garantizar una participación en los seguros del gobierno, aconteció el 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE).
Ese día la OCE recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.
La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía con Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”.
La querella anónima identifica a Guillemard Noble como recaudador de la campaña de Pierluisi. Guillemard Noble es el esposo de la hermana del gobernador Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien actualmente es la directora de la Oficina del Gobernador y durante la pasada elección fue la directora de campaña de Pierluisi.
Sobre esta denuncia, la determinación de la OCE indica que la División de Auditoría de Donativos y Gastos “no pudo corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.
El comité de campaña de Pierluisi sostuvo que las alegaciones del recibo de donativos a cambio de promesas de participación en el negocio de seguros carece de detalles específicos como la fecha de reunión y los nombres de las personas involucradas.
Guillemard Noble negó las imputaciones
A través de una declaración jurada, Guillemard Noble negó haber solicitado o recibido donativos para la campaña de Pierluisi de parte de comerciantes de la industria de seguros bajo la promesa de asistirlos a asegurar participación de los negocios en dicha industria con el gobierno.
En la querella también se denuncia que Guillemard Noble solicitó y recibió donativos que excedían el límite de lo permitido por ley, de los empresarios que representan a Caribbean Cage LLC. Alegadamente, Guillemard Noble se comprometió, si Pierluisi resultaba electo, con concederle a la empresa un contrato sin subasta para instalar un sistema para monitorear las máquinas de videojuegos, aumentar las confiscaciones de las máquinas ilegales y promover que el Departamento de Justicia investigara una entidad que agrupaba a los dueños de esas máquinas.
Además, la querella señala que el 20 de enero de 2014 Guillemard realizó una actividad de recaudación de fondos en su residencia, en el condominio Cosmopolitan, localizado en el sector Miramar, en San Juan, en la que solicitó donativos de entre $10,000 y $15,000 en efectivo, que son cantidades no permitidas por la ley. La denuncia alega que los donantes no fueron registrados y los donativos no fueron reportados en la OCE.
Entre los asistentes a esa actividad figuran Alicia B. Ortiz Martí, de Velox24.com Insurance Agency; Patrick A. Alemán Presno, de VP Marketing at Antilles Insurance Company; Alicia M. Martí Costa, de Premier Insurance Company; el doctor Carlos Mellado López; Antonio Ortiz Santiago, de Optima Insurance Company; Andrés Guillemard Ginorio, de Lone Star Insurance, Inc; Julio C. Cabral Veras, presidente de Editorial Panamericana y Álvaro Manuel Rodríguez, Brand Manager de V. Suarez & Co.
Sobre estas alegaciones, el comité de campaña de Pierluisi indicó que el documento no contiene evidencia concreta alguna que pueda establecer la veracidad de esta alegación.
“En ausencia de declaraciones por alguna de las personas alegadamente involucradas, la misma no es susceptible de ser aprobada”, advirtió el comité de campaña de Pierluisi.
A través de una declaración jurada, Guillemard Noble indicó que para el 20 de enero de 2014 no existía el comité de Pierluisi, a la vez que negó haber solicitado o recibido donativos ilegales para la campaña de Pierluisi. Negó haber solicitado donativos de entre $10,000 y $15,000 en efectivo en actividad del 20 de septiembre de 2015.
La totalidad de los señalamientos contenidos en la querella o fueron desestimados por diversas razones o no pudieron ser corroborados, según informó el entonces contralor electoral, Manuel A. Torres Nieves. La decisión fue informada el 4 de mayo del 2016.
