Por Miguel Díaz Román
20 de diciembre de 2021
La designación del licenciado Alexander Adams Vega como nuevo Comisionado de Seguros ha causado revuelo en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), debido a que para algunos empleados la persona nombrada carece de las “herramientas” para regir la agencia reguladora, y porque desconocen hasta qué punto está implicado en varios asuntos presuntamente ilegales que ocurrieron en el pasado cuatrienio y que actualmente son objeto de investigación.
Fuente de Revista Seguros sostuvieron que funcionarios de la OCS han sido entrevistados en los pasados meses por investigadores de la Oficina de Ética Gubernamental en relación a varias querellas confidenciales, una de las cuales está relacionada con la alegada anulación de una multa al ajustador público Scott M. Favre Public Adjusters LLC, durante el pasado cuatrienio.
La otra investigación está relacionada con la presunta aprobación de un producto de seguros para autos que se es promovido actualmente por una aseguradora, a pesar de que la recomendación de los peritos de la OCS fue rechazar su aprobación.
“No sabemos si esa persona designada para Comisionado de Seguros está implicada en los asuntos que se están investigando. Hay varias querellas y se están investigando. Además, no sabemos si también están investigando los federales”, indicó la fuente.
El nombramiento de Adams Vega fue informado en la tarde de hoy a través de un comunicado de prensa emitido por la Fortaleza. En el comunicado se indica que Adams Vega ocupó la posición de subcomisionado de Asuntos Legales, donde supervisó y proveyó asesoría legal en asuntos de regulación de seguros y de administración.
También se indicó que Adams Vega fue responsable de asesorar sobre asuntos de la industria de seguros, redactar borradores de proyectos de ley o de regulación para las divisiones de Conducta de Mercado y Análisis Financiero. Adams Vega también laboró en requisitos de licencia, solvencia financiera, reaseguros, planes de salud, y seguros de propiedad y contra accidentes.
El designado fungió como asesor legal de los ex comisionados Javier Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui, quienes, según la fuente, podrían estar implicados directamente en los asuntos que son investigados.
De hecho, según supo Revista Seguros, las querellas fueron presentadas por empleados de la OCS, quienes tendrían conocimiento personal de las irregularidades, alegadamente, cometidas en esa oficina el pasado cuatrienio.
“La OCS se va a quedar en la mediocridad con ese nombramiento. Todos los empleados (de la OCS) están preocupados con ese nombramiento porque esa persona no tiene las herramientas para esa función (de Comisionado de Seguros). No es un comentario de mala fe, es que no tiene las cualificaciones. Y no sabemos hasta qué punto esa persona esté implicada en los asuntos bajo investigación”, dijo la fuente.
Adams Vega también figura como imputado en una demanda por $30 millones en daños que radicó en el Tribunal Federal de San Juan, Víctor Salgado, expresidente de la aseguradora Integrand. La demanda, presentada contra varios funcionarios de la OCS en su carácter personal, también incluye a Rivera Ríos y a Cestero Lopategui.
A finales del pasado cuatrienio un grupo de empleados de la OCS denunció numerosas irregularidades cometidas durante la incumbencia de Rivera Ríos y Cestero Lopategui y que fue publicada por el periódico digital EyBoricua.com.
La denuncia señala que la ineptitud de algunos funcionarios que ocupan posiciones directivas en la agencia, causaron un estado de mediocridad inaceptable para una agencia. “Estimamos absolutamente necesario que los funcionarios de la administración actual sean despedidos de sus puestos por ineptitud en el ejercicio de sus funciones”, sostuvieron los denunciantes.
Estos funcionarios son Cestero Lopategui, la Comisionada Auxiliar de Servicios, María Marín, y el entonces asesor legal de la agencia, Adams Vega.
El nombramiento de Adams Vega ocurre luego de que el licenciado Mariano Mier Romeu renunció al cargo el pasado 24 de noviembre.
La renuncia de Mier Romeu aconteció luego de que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, se negara a considerar su nombramiento. El portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, reveló que una de las razones que justifican el rechazo tácito de los populares a su nombramiento es que, alegadamente, el ex funcionario era un protegido del abogado y cabildero, Andrés Guillemard Noble, quien también es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, Pedro Pierluisi.
El licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de Integrand, había denunciado que la empresa de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjusters LLC, llegó a la isla en acuerdo con el licenciado Guillermad Noble.
Antes de su liquidación en 2019, Integrand había denunciado que ajustadores de Scott M. Favre habían cometido fraude al inflar las reclamaciones de determinados asegurados, relacionadas con los daños causados por el huracán María.
Según Vázquez González, los contratos que el ajustador público obtuvo en el gobierno fue por la intervención de Guillemard, quien, alegadamente, cobraba una comisión por tales contrataciones, las cuales fueron realizadas durante los primeros dos años de la administración de Ricardo Rosselló. El licenciado Guillemard ha negado las acusaciones de Vázquez González.