SAN JUAN, Puerto Rico – Droguería Betances, uno de los principales distribuidores farmacéuticos de Puerto Rico, ha acordado pagar una suma de $12 millones y realizar mejoras significativas en su programa de cumplimiento tras una orden judicial. La medida llega en respuesta a una denuncia presentada por el gobierno de Estados Unidos, la cual alegaba que la empresa no reportó cientos de órdenes sospechosas de opioides y otras sustancias controladas a la Administración para el Control de Drogas (DEA) desde 2016 hasta al menos junio de 2019.
La fiscalía federal argumentó que Betances no solo dejó de informar sobre órdenes inusuales, sino que también incumplió con la obligación de reportar sus transacciones de distribución al sistema automatizado de la DEA, incluyendo más de 7.8 millones de unidades de dosis de opioides del Anexo II. Además, se les acusó de cometer cientos de violaciones de mantenimiento de registros, como procesar órdenes de sustancias controladas con formularios defectuosos y suministrar información de envío o entrega inexacta a la DEA.
En contraparte, la empresa puertorriqueña ha refutado las acusaciones federales sobre la falta de un sistema eficaz para monitorear órdenes sospechosas, aunque ha consentido en pagar la multa y reforzar su sistema de reporte de distribución de medicamentos controlados.
El presidente de Droguería Betances, Juan Carlos Hernández, enfatizó que la compañía se adhiere a todas las normativas federales y estatales, destacando las inversiones millonarias realizadas en tecnología y asesoría externa para garantizar el cumplimiento con las leyes aplicables. Hernández aseguró que la empresa, con 61 años de trayectoria, nunca fue señalada por desviar productos controlados a entidades no autorizadas y que los opioides constituyen solo una fracción mínima de su inventario.
Betances, al tiempo que acepta las sanciones, reitera su compromiso de asegurar el acceso a los medicamentos necesarios para la salud y bienestar de los pacientes, asegurando que sus operaciones continúan sin limitaciones y con la rigurosidad y transparencia que sus procesos de distribución requieren.
El caso fue investigado por la División de Control de Desvíos de la DEA y la Oficina de la División de San Juan, y fue representado por los fiscales de distrito David O. Martorani-Dale y Gabriella S. Paglieri, junto al abogado Tom Rosso de la Rama de Protección al Consumidor de la División Civil. Aunque el decreto de consentimiento resuelve las reclamaciones, no se ha establecido una determinación de responsabilidad en el caso.
