Por Miguel Díaz Román
Cinco meses después de que el huracán Fiona causara estragos en la agricultura del país, más de 2,000 reclamaciones presentadas por agricultores cuyas fincas estaban aseguradas y sufrieron severos daños permanecen sin ser atendidas porque, alegadamente, la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) no tiene fondos.
Además, ha trascendido que la CSA enfrenta la renuncia de funcionarios que ocupaban importantes posiciones a nivel administrativo, lo que representa un agravamiento del estado de esa corporación pública, que ha demostrado que carece de suficientes agrónomos o inspectores agrícolas para atender las reclamaciones de los agricultores.
Según fuentes de la CSA, los directivos de las divisiones de pólizas, finanzas y de la división de cómputos han renunciado a sus cargos, lo que añade más dificultades a la corporación pública para atender el ajuste y pago de las reclamaciones.
La situación de la CSA es tan precaria por la falta de personal que a mediados del pasado mes de diciembre aún existían fincas que no habían recibido la visita de los inspectores para estimar los daños.
Los funcionarios renunciantes de la CSA son Radamés González, quien dirigió la división de cómputos; Carlos Cordero, quien era el director de finanzas y el agrónomo Luis Torres, quien tenía a cargo la división de pólizas. Alegadamente, González y Cordero aceptaron posiciones en el sector privado mientras que Torres solicitó un traslado a una división de mercadeo en el Departamento de Agricultura (DA).
Sin fondos la CSA
De hecho, este medio supo que la CSA y el DA han solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que apruebe el desembolso de $10 millones para atender las reclamaciones y el organismo federal no lo aprobó.
De acuerdo con una fuente conocedora de los procesos de la CSA, la petición de fondos se redujo a $4 millones y actualmente el DA está en espera de que la JSF apruebe el desembolso.
Este medio solicitó una reacción al portavoz de prensa de la JSF, Matthias Rieker, pero al cierre de esta edición no se había recibido una reacción del organismo federal.
Ni el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, ni el director ejecutivo de la CSA, Javier Lugo Rullán, respondieron a la petición de este medio para que ofrecieran su reacción a la alegada falta de fondos para pagar las reclamaciones causadas por el huracán Fiona.
La CSA opera en acuerdo con la Corporación Federal de Seguros de Cosechas (FCIC por sus siglas en inglés), que es una corporación administrada por la Agencia de Gestión de Riesgos del Departamento de Agricultura Federal.
La FCIC reasegura los riesgos agrícolas en las jurisdicciones de los Estados Unidos que participen en su programa y opera por medio del reembolso de aquellas reclamaciones pagadas dentro de los límites previamente acordados con los participantes.
Falta de transparencia
De hecho, tras el paso de Fiona la CSA ha demostrado una total ausencia de transparencia. Hasta el presente, la CSA no ha informado la cantidad de reclamaciones recibidas y el monto de los daños reclamados. Tampoco ha indicado si posee los fondos para cumplir con los asegurados y luego, esperar el reembolso de la FCIC.
La única información difundida por la CSA se emitió el pasado mes de noviembre, cuando la aseguradora pública reveló que había pagado $5 millones en reclamaciones y adelantó que esperaban desembolsar $4 millones adicionales.
Se desconoce si alguno de los agricultores asegurados por la CSA ha radicado una querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros.
El pasado mes de octubre González Beiró estimó que el paso de Fiona dejó daños por $159 millones en la agricultura y los sectores más afectados fueron las fincas de plátanos, guineos y otros cultivos.
Se quejan los agricultores
El pasado mes de noviembre un grupo de agricultores de Maunabo se quejó públicamente por el desempeño de la CSA debido a que no ha pagado las reclamaciones causadas por Fiona. El agricultor César de Jesús Ortiz le indicó a un noticiario de televisión que la CSA había certificado una pérdida total en las cinco cuerdas de su finca el pasado 6 de octubre y que aún no ha recibido ni un centavo.
Por su parte, Solano Burgos, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores Maunabeños, denunció la falta de pago de las reclamaciones de un grupo de más de 50 agricultores de la zona este. «El gobierno debe ser más eficiente con la agricultura porque un país sin agricultura es un país muerto», sostuvo Burgos ante el impago de las reclamaciones a los agricultores.
Ayer el agricultor Daniel Vázquez, quien posee una finca de limones en Corozal, indicó que el pasado 22 de diciembre lo visitó un inspector de la CSA, quien estimó que el 50 % de su operación fue destruida por el huracán Fiona. “Todavía no me han pagado un centavo”, se quejó Vázquez.
El agricultor Cesar Casañas, quien opera una finca de café y plátanos en Utuado, denunció que la estimación de daños se realizó durante el mes de diciembre y que aún la CSA no le ha pagado sus daños. “No me han pagado y yo he seguido pagando a mis empleados para que no se me vayan”, dijo Casañas.
