Un informe del Centro para la Nueva Economía revela que el 4% de energía renovable y aumentos de tarifas de hasta un 26% son solo el comienzo de los problemas que enfrentará Puerto Rico si no se reestructura la deuda de la AEE y no se controla a LUMA y Genera
El Centro para una Nueva Economía (CNE) presentó hoy su informe Armando el rompecabezas energético de Puerto Rico, en el que expone las principales preocupaciones financieras y operativas que enfrenta la isla en su transición a un sistema eléctrico más eficiente y sostenible.
El documento aborda cuestiones críticas como el riesgo de aumentos tarifarios si no se reestructura la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el cumplimiento de los compromisos contractuales de LUMA y Genera PR, así como la falta de fondos para finalizar la reconstrucción de la red.
A continuación, un análisis de las respuestas clave del informe a estos desafíos:
¿Cuánto aumentarán los costos de electricidad si no se reestructura la deuda de la AEE?
El informe del Centro para una Nueva Economía (CNE) advierte que, sin una reestructuración adecuada, el servicio de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendría un impacto significativo en las tarifas de electricidad en Puerto Rico. Según el Plan Fiscal 2023 de la AEE, la deuda no reestructurada requeriría aumentos tarifarios de aproximadamente 6 a 7 centavos por kilovatio-hora (kWh) entre los años fiscales 2024 y 2027 para cubrir las obligaciones financieras. A largo plazo, la obligación de servicio de deuda anual estimada es de aproximadamente $1,000 millones por año, lo cual se traduciría en un aumento de 26% en las facturas del consumidor residencial promedio, que consume 425 kWh al mes.
¿Hasta qué punto están garantizadas las reclamaciones de los bonistas?
El valor total de la reclamación de los bonistas de la AEE es de $8,500 millones más los intereses vencidos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston determinó que los bonistas solo tienen derecho a los ingresos netos generados por la AEE y a ciertos fondos específicamente designados en el acuerdo de bonos. Esto significa que, aunque su reclamación esté garantizada, solo se les pagará con base en el valor económico de su interés en los ingresos netos y no con fondos del gobierno de Puerto Rico. El Tribunal aclaró que los bonistas poseen «Bonos de Ingresos Especiales» y, por lo tanto, no tienen derecho a reclamar sobre otros activos no gravados de la AEE.
¿Cuáles fueron los ahorros y mejoras previstos por LUMA y se han materializado?
El acuerdo con LUMA Energy preveía ahorros significativos en la operación y administración de la red de transmisión y distribución de Puerto Rico. Según el contrato, se estimaban ahorros de $293 millones para el año fiscal 2027, lo cual resultaría en un beneficio neto de aproximadamente $150 millones para Puerto Rico, considerando el pago anual a LUMA de $141 millones. Sin embargo, el informe del CNE indica que, a tres años de la entrada en vigor del acuerdo, no existe evidencia de que estos ahorros se hayan materializado. Además, los datos más recientes publicados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) muestran que la frecuencia y duración de los apagones han aumentado, lo que sugiere un deterioro en la calidad del servicio.
¿Cómo puede el gobierno cancelar el acuerdo con LUMA?
El informe señala que el contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) de LUMA puede cancelarse bajo ciertos escenarios específicos. Entre estos, se incluye el incumplimiento de obligaciones materiales, la quiebra voluntaria o involuntaria de LUMA, o la violación de alguna ley. Si se determina un incumplimiento de la Operadora y se notifica formalmente, el acuerdo se puede cancelar con 120 días de anticipación, sujeto a la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico o de la Junta de Supervisión Fiscal (JSAF). Además, LUMA tiene derecho a impugnar la cancelación y el caso podría alargarse en tribunales. De ser cancelado por otras razones, la AEE podría estar obligada a pagar una tarifa de cancelación a LUMA, que equivaldría al pago fijo anual y la tarifa de incentivo máxima aplicable para el año en curso.
¿Qué ahorros espera conseguir el Gobierno de Puerto Rico con el contrato de Genera?
El contrato de Genera PR, filial de New Fortress Energy, espera generar ahorros combinados de $100 millones a $200 millones anuales, según un informe de FTI Consulting. Estos ahorros provendrían de la optimización de los contratos de combustible ($56 millones), mejores condiciones de riesgo y crédito en los contratos de petróleo ($20 millones) y cambios operativos que incrementen la eficiencia del combustible ($9 millones). Sin embargo, el informe de CNE advierte que estos ahorros aún son inciertos y dependen de varios factores, incluyendo la aprobación del Negociado de Energía para ciertas iniciativas y la implementación efectiva de las estrategias de Genera.
¿Cuáles son los conflictos de intereses que existen en el contrato de Genera?
El contrato de Genera PR presenta potenciales conflictos de interés, ya que Genera es una subsidiaria de una empresa de infraestructura energética que se beneficia de la venta de gas natural. El contrato permite la conversión de plantas que queman petróleo a gas natural, lo que podría incentivar a Genera a realizar transacciones con partes relacionadas dentro de su empresa matriz. Aunque el contrato establece un mecanismo para gestionar estos conflictos, el informe advierte que queda por ver si este proceso será aplicado de manera efectiva y transparente.
¿Cuánto dinero falta para terminar la reconstrucción de la red y la transición a la generación 100% renovable?
El costo total estimado para completar la reconstrucción de la red y la transición a una generación 100% renovable asciende a $21,000 millones. Sin embargo, el informe indica que solo se han identificado $15,400 millones hasta marzo de 2024, lo que deja una brecha de financiamiento de aproximadamente $6,000 millones. Esta falta de recursos financieros podría retrasar aún más la ejecución de proyectos críticos y dificultar el cumplimiento de las metas de la Ley 17 de 2019.
