La aseguradora insiste en que el caso sigue abierto y que sus métodos de depreciación están respaldados por la ley, mientras los demandantes y el Tribunal de Apelaciones señalan deficiencias en sus argumentos
SAN JUAN, Puerto Rico — La Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) rechazó las interpretaciones que sugieren un fallo judicial definitivo contra sus prácticas de depreciación, defendiendo que estas están amparadas por la ley y sus contratos.
“No es correcto afirmar que el Tribunal de Apelaciones haya emitido una resolución sobre la validez de la aplicación de la depreciación por parte de la Cooperativa de Seguros Múltiples. El Tribunal decidió no emitir decisión al momento, y el asunto sigue pendiente de adjudicación en el Tribunal de Primera Instancia”, aseguró Cathleen Feliciano Torres, vicepresidenta de la División Legal de la aseguradora.
La disputa se centra en la práctica de CSM de aplicar depreciación a piezas reemplazadas en reclamaciones de pérdida parcial de vehículos asegurados. Los demandantes alegan que esta política reduce injustificadamente los pagos y transfieren costos a los asegurados, mientras que la aseguradora sostiene que dicha práctica está alineada con los principios de indemnización y con los contratos establecidos. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió que CSM no presentó evidencia suficiente para justificar sus deducciones, dejando abierta la posibilidad de que estas prácticas sean consideradas desleales.
Lo que dice la Cooperativa
Según la licenciada Feliciano Torres, la depreciación aplicada está contemplada en los contratos de seguro y avalada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. “La depreciación está claramente establecida en los contratos de seguros, de todas las aseguradoras del País, conforme al principio de indemnización universalmente reconocido y avalado por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Este principio asegura que el pago de las reclamaciones sea justo y razonable”.
CSM destacó que continuará defendiendo sus principios en el caso y subrayó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento legal. “Nos hemos distinguido por llevar a cabo el proceso de ajuste de reclamaciones enmarcado en pagos justos y razonables a nuestros asegurados y reclamantes, cumpliendo con la ley y los términos de la póliza de seguros”, aseguró Feliciano Torres.
Lo que dice el Tribunal de Apelaciones
La resolución del Tribunal de Apelaciones destacó varias deficiencias en la argumentación de CSM:
- Falta de justificación en la depreciación: CSM no presentó evidencia que explicara cómo calculó los porcentajes de depreciación ni justificó la necesidad de aplicar descuentos uniformes a todas las piezas reemplazadas.
- Deficiencias en la documentación: Los expedientes de CSM no incluían análisis que probaran que las piezas nuevas aumentarían el valor del vehículo, ni documentación sobre las condiciones de las piezas reemplazadas.
- Falta de transparencia: La aseguradora no proporcionó explicaciones claras a los asegurados sobre los descuentos aplicados y utilizó un cheque con redacción ilegible para el pago final, lo que fue señalado como inadecuado por el tribunal.
- Posible práctica desleal: Si se determina que las deducciones son ilegales, CSM podría enfrentar acusaciones de prácticas desleales bajo el Código de Seguros de Puerto Rico.
La postura de los demandantes
El licenciado Francisco Colón Ramírez, representante legal de los demandantes, calificó la resolución como un avance significativo para los asegurados que buscan justicia. Según Colón Ramírez, la práctica de depreciación de CSM ha resultado en reducciones de millones de dólares en pagos, afectando a los consumidores durante más de una década.
“La batalla está lejos de terminar, pero esta decisión nos acerca más a nuestra meta de terminar con esta práctica injustificada”, afirmó. También señaló que, de certificarse como una demanda de clase, el caso podría beneficiar a miles de asegurados afectados.
El caso regresa al Tribunal de Primera Instancia, donde CSM deberá presentar evidencia adicional que sustente la legalidad y razonabilidad de sus prácticas. Mientras tanto, el resultado de este proceso podría sentar precedentes clave para la industria aseguradora en Puerto Rico.
