Por Miguel Díaz Román
8 de febrero de 2022
El Comisionado de Seguros designado, licenciado Alexander Adams Vega, tuvo una activa participación a favor de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contratara a la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico, cuyos principales socios fueron acusados por la fiscalía federal de San Juan de fraude, fraude electrónico, conspiración para defraudar al gobierno federal y para lavar dinero por más de $15 millones.
Según la información que se desprende de la Oficina del Contralor, Adams Vega, quien figuró como Comisionado auxiliar de asuntos legales de la OCS el pasado cuatrienio, era el enlace entre la agencia y la empresa BDO. De hecho, la propuesta de BDO a la OCS fue dirigida a Adams Vega, según surge de una carta enviada el 20 de marzo del 2018 por Carlos Vázquez, quien era socio y consultor de la empresa de contabilidad.
Entre los años 2017 y 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, le concedió cinco contratos a BDO, de los cuales tres de ellos tenían como objetivo auditar los fondos de la OCS y dos requerían auditar el pago de reclamaciones de parte las aseguradoras, tras el paso de los huracanes Irma y María.
Los cinco contratos tenían una vigencia de un año aproximadamente.
Los dos contratos para auditar el pago de reclamaciones, también exigían evaluar el cumplimiento de las aseguradoras en estimar y pagar en 15 días las reclamaciones de determinados sectores de la economía que eran necesarias para enfrentar la emergencia, según lo ordenó una carta normativa emitida por Rivera Ríos en 2017. La carta normativa identificaba 15 sectores económicos prioritarios que incluía desde hospitales hasta supermercados, restaurantes, instituciones financieras, farmacéuticas, fábricas de hielo y ferreterías.
Cada uno de los dos contratos asignaban una compensación de $100,000 a BDO para que realizara las auditorías. Además, reconocían que cada mes se pagarían una serie de gastos reembolsables y advertían que, si fuera necesario, el Comisionado de Seguros podría extender la vigencia de la contratación y el aumento de la compensación.
Los tres contratos restantes concedidos a BDO requerían auditar los fondos de la OCS y establecen un pago máximo de hasta 11,000. Además, advertían que el Comisionado de Seguros podía extender su vigencia y aumentar el monto de la compensación. También reconocían pagar una serie de gastos reembolsables como el costo de transportación y de estadía fuera de la zona metropolitana de San Juan o fuera de Puerto Rico. En dos de los tres contratos, la empresa se comprometía a efectuar un estudio financiero auditado de la OCS.
OCS contrata a BDO en medio de precariedad fiscal
Los desembolsos que prometían los contratos ocurrieron en momentos cuando la agencia reguladora operaba con un presupuesto limitado que le impedía corregir la falta de personal especializado, luego de que la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla reorientó hacia el fondo general los ingresos propios de la OCS.
De hecho, en una carta enviada el 26 de junio de 2018 a Rivera Ríos, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), se quejó de que las propuestas auditorías las realizaría la empresa BDO y no empleados de la OCS.
En la carta la directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, sostuvo que BDO era representante de asegurados que habían presentado reclamaciones ante determinadas aseguradoras, tras los huracanes Irma y María, lo cual podría representar un conflicto de interés.
La licenciada Pernas indicó que el conflicto de interés podría surgir ante la oportunidad que tendrían los examinadores de BDO de lograr acceso a información financiera confidencial de las aseguradoras, lo que “puede afectar el curso de las reclamaciones para las que la dicha firma BDO ha sido previamente contratada”.
“No nos oponemos de forma alguna a que se realicen los exámenes, pero es imperativo que los mismos se conduzcan bajo condiciones que salvaguarden el derecho a un debido proceso de ley de los aseguradores objeto de examen”, sostuvo Pernas en la carta.
En la carta Pernas le informó a Rivera Ríos que el posible conflicto de interés afectaba “la pureza del examen ordenado”, por lo que las aseguradoras habían decidido no entregar la documentación que solicitaban los examinadores de BDO.
“No se trata de entorpecer la labor investigativa. Nuestro interés es que se establezcan las condiciones apropiadas para que las auditorías puedan conducirse sin mayores dilaciones”, advirtió la directora ejecutiva de OCS.
Revista Seguros solicitó una reacción a Adams Vega, pero al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta.
Auditorías no se completaron
Fuentes de la industria indicaron que las auditorías a las aseguradoras no se completaron por diversas razones y no está claro si BDO llegó a culminar las auditorías a las operaciones de la OCS. No obstante, el 20 de junio del 2019 la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló canceló los contratos con la empresa BDO “a raíz de una pesquisa federal”, según confirmó en aquel momento el entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira.
Varias semanas después, en julio de 2019, la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher; la exdirectora la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, el presidente de la firma de contabilidad BDO, Fernando Scherrer, y el subcontratista de esa empresa, Alberto Velázquez Piñol, fueron arrestados por oficiales federales luego de que un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos. La acusación describió un esquema de fraude contra el gobierno federal y el gobierno local a través de contratos que ascendían a $13 millones en el DE y $2.5 millones en ASES, que sumaron $15.5 millones.
Scherrer fue acusado de fraude contra el gobierno federal, fraude electrónico, conspiración para defraudar al gobierno federal y conspiración para lavar dinero.
Luego, en octubre de 2020, agentes federales del Servicios de Rentas Internas (IRS), arrestaron al socio administrador de BDO, Gabriel Hernández.
A Hernández se le acusó de 10 cargos de fraude con transferencias electrónicas, al fungir como intermediario de un millonario de Arizona que deseaba acogerse a las leyes 20 y 22, que ofrecen favorables beneficios contributivos a los millonarios que se establezcan en Puerto Rico. La Ley 20 ofrece incentivos contributivos a empresas que exportan servicios a otras jurisdicciones y la Ley 22 ofrece una amplia exención contributiva a los individuos millonarios que se muden a la isla.
El alegado millonario, a quien le interesaba evadir las contribuciones federales, era en realidad un agente encubierto del IRS. Según la acusación, Hernández preparó información falsa para el Departamento de Hacienda, para el municipio de San Juan y para la planilla de contribución sobre ingresos que el presunto millonario presentaría ante el IRS.
Dos tendencias en la industria de seguros
No obstante, la industria de seguros actualmente se debate entre dos tendencias, una que aspira a que el Senado rechace el nombramiento de Adams Vega por su vinculación con las irregularidades ocurridas durante la incumbencia de Rivera Ríos, y otra que desea la aprobación del nominado para devolver normalidad a las gestiones de la OCS y certeza a la imagen del país ante los reaseguradores y inversionistas tanto del país como del extranjero.
Sobre este aspecto la licenciada Pernas indicó que la industria de seguros favoreció que el Senado avale el nombramiento, lo que indica que una parte importante de la industria no relaciona a Adams Vega con la decisión de Rivera Ríos de contratar a BDO para que auditara a las aseguradoras.
“La industria está contenta con el nominado porque conoce la OCS desde adentro. Es alguien que conoce las cuestiones legales de la OCS y ha demostrado hasta el momento, una apertura con la industria para atender cosas que estaban rezagadas y sin menoscabo de su independencia para fiscalizar y reglamentar, que es para lo que está llamado el Comisionado de Seguros. Él ha estado bien disponible y eso nos da esperanza”, dijo la licenciada Pernas.
Mientras, en el Senado no se vislumbra que los nombramientos de Adams Vega y de otros funcionarios serán considerados en vistas públicas. A simple vista surge la contracción en la retórica del presidente senatorial, José Luis Dalmau, quien asegura que celebrará unas vistas públicas para dilucidar las designaciones, pero en el calendario de la Comisión de Nombramientos esas vistas públicas no tienen fecha.
Continúa la incertidumbre en el Senado
En una entrevista en una estación de radio en la mañana de ayer, el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau, indicó que esta semana se verían en vistas públicas el nombramiento de Enrique Volckers, como director ejecutivo del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico. El senador no mencionó otros nominados, pero sí indicó que algunas de las personas que recibieron nombramientos no han completado la entrega de documentos, pero no los identificó.
Fuentes de la industria sostuvieron que Adams Vega representa una continuación de la gestión de los ex Comisionado de Seguros, Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui, a quienes se les responsabiliza por el daño causado a la credibilidad de la OCS por la pérdida de la acreditación que concede la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), en el verano de 2020.
La pérdida de la acreditación ocurrió luego de que la OCS aprobara una transacción en la que una aseguradora recién instalada en el Centro Internacional de Seguros en San Juan, adquirió a su compañía matriz en Wisconsin e intentó anular sus contratos de reaseguro para recuperar $2,700 millones, lo que habría dejado sin protección a miles de asegurados en Estados Unidos.
De acuerdo con una fuente de la Revista Seguros, la deficiente evaluación de la transacción por parte de la OCS, que fue incapaz de anticipar las nefastas implicaciones para los asegurados en múltiples estados, fue una de las razones principales para que la NAIC anulara la acreditación.
Incluso, empleados de la OCS advirtieron que conocen el desempeño de Adams Vega y aseguraron que están convencidos de que el funcionario carece de las “herramientas” para regir la agencia reguladora.
