Las medidas buscan fortalecer la protección económica de los trabajadores lesionados y evaluar la administración de beneficios oncológicos en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 4, una medida que duplica la compensación económica que reciben los trabajadores incapacitados por accidentes laborales. De convertirse en ley, el pago semanal por incapacidad transitoria aumentaría de 100 a 200 dólares, mientras que el pago mínimo pasaría de 30 a 60 dólares.
La legislación, presentada por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, enmienda la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo con el objetivo de actualizar los beneficios otorgados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), ya que estos no han sido modificados desde 2004.
Según Méndez Núñez, el alza es necesaria debido al aumento en el costo de vida en Puerto Rico, lo que ha provocado que la compensación actual no sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores lesionados. Además, el proyecto establece un ajuste obligatorio por costo de vida cada tres años, garantizando que la compensación se mantenga alineada con la inflación.
“La realidad actual evidencia que las cantidades que recibe una persona lesionada, dependiendo del tipo de incapacidad, no son suficientes para compensar el daño sufrido. La política pública de la CFSE es proveer una compensación económica que se atempere a los tiempos, y es precisamente eso lo que hace este proyecto de ley”, expresó el líder cameral.
Investigación sobre el acceso a tratamientos oncológicos
En la misma sesión, la Cámara aprobó la Resolución de la Cámara 91, presentada por el representante José “Pichy” Torres Zamora, que ordena a la Comisión de Salud investigar el rol de los manejadores de beneficios de oncología en la autorización de tratamientos médicos para pacientes con cáncer.
Estos manejadores, contratados por los planes de salud con cubierta de cáncer, actúan como intermediarios en la evaluación y aprobación de tratamientos y medicamentos, determinando si las aseguradoras cubrirán o no los costos. Sin embargo, la medida surge en respuesta a múltiples denuncias de pacientes y especialistas que indican que estos procesos pueden provocar demoras injustificadas o negaciones arbitrarias de tratamiento, afectando la salud de los pacientes y generando una carga financiera adicional.
“El interés pecuniario que protegen los manejadores de beneficios de oncología no puede ponerse por encima del bienestar de los pacientes más vulnerables. La investigación busca evaluar si las decisiones tomadas por estos intermediarios afectan negativamente el acceso a tratamientos necesarios y oportunos para los pacientes con cáncer en Puerto Rico”, explicó Torres Zamora.
Según datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, en la Isla se reportan anualmente más de 16,000 nuevos casos de cáncer, con el cáncer de próstata, mama y colorrectal como los más comunes. Además, el costo de los tratamientos puede alcanzar cifras astronómicas, lo que obliga a muchos pacientes a depender completamente de sus planes médicos para recibir la atención necesaria.
La investigación abarcará los procesos internos de los manejadores de beneficios de oncología, los tiempos de espera en la aprobación de tratamientos y las posibles repercusiones en la salud de los pacientes. También se evaluará si los pacientes y sus médicos tienen acceso a información clara y transparente sobre los criterios utilizados para aprobar o denegar tratamientos.
Ahora, los proyectos pasan al Senado para su evaluación. De ser aprobados, la compensación laboral revisada entraría en vigor el 1 de enero de 2028, con ajustes posteriores cada tres años, mientras que la Comisión de Salud comenzará su investigación en los próximos meses, presentando informes y recomendaciones antes de que culmine la actual Asamblea Legislativa.
