Por Miguel Díaz Román
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) y la administración del gobernador Pedro Pierluisi se encuentran en franca ruta de colisión luego de que el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, logró que un legislador presentara un proyecto de ley para que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pueda decidir la cuantía que un asegurador pagará por una reclamación.
El Proyecto de la Cámara 1533, radicado el pasado 17 de octubre por la legisladora Estrella Martínez Soto, propone que la OCS posea la facultad “de revisar y determinar la valoración de daños en reclamaciones de seguros en controversia”. También propone que durante un estado de emergencia la OCS podrá ordenar a los aseguradores emitir pagos parciales en reclamaciones libres de controversia y sin necesidad de esperar a la resolución total de la reclamación.
Aunque en el programa de promesas políticas de Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista (PNP) no figura empoderar a la OCS para que adjudique reclamaciones, la iniciativa de Adams Vega, según fuentes, ha resultado simpática para legisladores y alcaldes tanto del PNP como del Partido Popular Democrático (PPD).
No obstante, ACODESE ha prometido combatir la medida y ha sostenido que la facultad para intervenir en una reclamación “es incompatible” con la función reguladora de la OCS.
Ayer la directora ejecutiva de ACODESE, Iraelia Pernas, reveló que la entidad ya inició una evaluación sobre la constitucionalidad de los cambios propuestos por el Proyecto 1533 y señaló que no se descarta la vía judicial si finalmente es convertido en ley.
La ejecutiva advirtió que la aprobación del Proyecto 1533 reducirá la oferta de reaseguro que proveen las reaseguradoras internacionales a las aseguradoras locales, lo que reducirá la disponibilidad de las pólizas de seguros para proteger los riesgos de los consumidores, los comercios y las industrias.
Explicó que la redacción de las enmiendas al Código de Seguros que propone el Proyecto 1533 son extensas y preocupantes, porque le conceden a la OCS el poder de “revisar y determinar la valoración” de los daños en reclamaciones en controversia.
“Aquí lo que dice es que será el la OCS la decidirá lo que se debe pagar en reclamaciones para las que hay cubierta, pero no hay acuerdo sobre el valor de los daños. Y esto se está proponiendo cuando ya existe el proceso de arbitraje, que es una alternativa alterna para resolver disputas, y además existe un tercero para la solución de disputas, que son los tribunales “, destacó la directora ejecutiva de ACODESE.
Reaseguradores no avalan la OCS
“Esto impacta el mercado de reaseguro. Para que los aseguradores locales puedan asumir los riesgos aquí, necesitan reasegurar adecuadamente esas exposiciones y los reaseguradores no ven con buenos ojos esto (el PC 1533). Lo ven como una caja de pandora que se está abriendo y podría darse el caso que la capacidad (de asegurar riesgos) se vea reducida. Es algo que tiene unas consecuencias bien fuertes”, dijo Pernas.
“Los reaseguradores no van a permitir que las reclamaciones que ellos deben pagar las resuelva el OCS. Los reaseguradores pagan entre el 90 % y el 95 % de las reclamaciones de propiedad en Puerto Rico. Si esto se aprueba nos quedamos sin reaseguro en Puerto Rico”, sostuvo Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance.
Pernas agregó que, sí la medida fuera aprobada, surge la preocupación de que la OCS sería blanco de las influencias políticas para que el ajuste de reclamaciones beneficie determinados intereses. La ejecutiva dijo que actualmente la OCS es objeto de quejas relacionadas con reclamaciones causadas por el huracán María que aún no se han resuelto, presentadas por municipios y agencias del gobierno.
“Cada caso hay que verlo para saber por qué no se ha resuelto. Hemos visto muchas instancias de fraude abierto en el propio gobierno, en agencias, no de quien dirige la agencia, sino de parte del profesional que han contratado que hacen unos reclamos falsos. Entonces hay que ir al tribunal porque el deber fiduciario de las aseguradoras es pagar lo justo, no pagar el capricho de un asegurado. Esas cosas hay que verlas en un tribunal. No se debe resolver cambiando una oración en el Código de Seguros”, sostuvo la ejecutiva en clara alusión a que el Proyecto 1533 es el resultado de las influencias políticas.
Fuerte influencia política
La legisladora Martínez Soto pertenece al PPD y representa al distrito 27, que incluye los pueblos de Aibonito, Salinas, Juana Díaz, Santa Isabel y Coamo. Estos dos últimos municipios se encuentran en los tribunales, luego de que no lograron un acuerdo con sus aseguradoras en reclamaciones causadas por el huracán María.
El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, mantiene en los tribunales una disputa con Triple S Propiedad, debido a que, alegadamente, la aseguradora se niega a pagar reclamaciones relacionadas con los daños en instalaciones deportivas del municipio. El alcalde también ha denunciado que el atraso en la solución de sus reclamos obedece a que la aseguradora cambia los abogados antes de que comience el juicio.
Pero José del Amo, presidente de Triple-S Propiedad, ha sostenido que el municipio de Coamo reclama una compensación por una serie de propiedades que fueron eliminadas de la cubierta por el propio municipio al momento de comprar la póliza. “Al eliminarlas, el municipio no pagó prima por ellas y, por ende, no están aseguradas. Ahora el municipio pretende cobrar por estas propiedades que no tienen cobertura”, dijo Del Amo.
De hecho, el portavoz de la mayoría del PPD en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau, ha exigido a Adams Vega que tome acciones contundentes para que resuelvan las reclamaciones de los municipios. Además de Coamo y Sabana Grande, entre los municipios que mantienen disputas con aseguradoras en los tribunales figuran Manatí, Barceloneta, Canóvanas y Aguadilla.
Vulnerable la OCS
Pernas señaló que la intervención política dejaría a la OCS en una situación de vulnerabilidad que convertiría al regulador “en juez y parte”. Sostuvo que la OCS debe velar por la solvencia de las aseguradoras y advirtió que al participar como “juez y parte” el regulador perdería la objetividad necesaria para resolver controversias relativas al pago de reclamaciones.
“Fíjate que cuando la OCS toma una decisión sobre la solvencia de un asegurador lo hace con la recomendación de un tercero”, comentó Pernas, en relación a los peligros que causaría que la OCS ejecute la doble responsabilidad de regular a los aseguradores e intervenir en el ajuste de reclamaciones.
Actualmente, el monto a pagar por una reclamación es una determinación que toma la aseguradora tras una evaluación por parte de sus peritos y ajustadores. En esa determinación y según la complejidad de la reclamación, también participan los peritos de los asegurados, entre los que figuran los ajustadores públicos.
Pernas indicó que los poderes que concede la medida a la OCS no tienen precedente en la estructura legal y reglamentaria de todos los comisionados de seguros en los Estados Unidos. Se espera que la medida sea considerada en vistas públicas al inicio del próximo año, por la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e industria de Seguros, que también preside la representante Martínez Soto.
