Por Miguel Díaz Román
Una medida que concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de decidir la cuantía que un asegurador pagará por una reclamación podría causar la salida de muchos reaseguradores del mercado local, lo que afectará las operaciones de la industria de seguros generando una reducción en el desarrollo económico del país, promoviendo menos opciones de seguros y primas más altas para los consumidores.
Las catastróficas conclusiones surgen de los señalamientos esgrimidos por la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), sobre el Proyecto de la Cámara 1533, radicado el pasado 17 de octubre por la legisladora Estrella Martínez Soto. La medida propone que la OCS posea la facultad “de revisar y determinar la valoración de daños en reclamaciones de seguros en controversia”.
La medida también propone que durante un estado de emergencia la OCS podrá ordenar a los aseguradores emitir pagos parciales en reclamaciones libres de controversia y sin necesidad de esperar a la resolución total de la reclamación. Martínez Soto preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e industria de Seguros, que ha evaluado otras medidas relativas a la industria de seguros.
En la carta Pernas reveló que los reaseguradores que realizan negocios con aseguradores locales han expresado su preocupación con el Proyecto 1533, pues autorizar que la OCS intervenga en el ajuste de reclamaciones no ofrece las garantías de imparcialidad que sí garantizan los tribunales locales.
La ejecutiva advirtió que, si los reaseguradores determinan no asegurar el mercado de Puerto Rico, las aseguradoras locales podrían verse sin capacidad para asumir riesgos.
Los reaseguradores asumen el riesgo que no pueden enfrentar las aseguradoras y en pago reciben una porción de la prima. Además, los reaseguradores son responsables de pagar las reclamaciones en función del monto de riesgo que acordaron asumir con las aseguradoras.
Los comentarios de ACODESE figuran en una carta de 12 páginas enviada por la licenciada Pernas a la representante Martínez Soto el pasado 10 de noviembre.
La legisladora radicó el Proyecto 1533 el 17 de octubre, luego de que el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, solicitó públicamente a la Legislatura que “tengamos mayores poderes para determinar el monto a pagar en una reclamación”. La información fue publicada por el periódico El Vocero en su edición del 20 de septiembre.
Adams Vega hizo la exhortación a la Legislatura en el contexto de que, alegadamente, el proceso de pagar reclamaciones tras el huracán María se habría atrasado debido a que los asegurados llevaron sus reclamos a los tribunales. El Comisionado de Seguros habría sostenido que para lograr rapidez sería necesario que la OCS pudiera contratar ajustadores profesionales, quienes tendrían la responsabilidad de evaluar los reclamos y determinar el monto a pagar.
Retraso por varios factores
Pero en la carta la licenciada Pernas sostuvo que el retraso obedeció a varios factores en los que figuran el desconocimiento de los asegurados sobre el alcance de sus pólizas y sobre los requisitos para presentar reclamaciones. Otro factor es la intervención de los ajustadores públicos.
“Estos llamados ajustadores, hicieron estimados de daños, en ocasiones sin siquiera estudiar la póliza de seguros, con total desconocimiento de la forma, la valorización real de materiales y los costos de construcción de Puerto Rico. Estas cuantías estimadas por los ajustadores públicos dificultaron enormemente la posibilidad de llegar a un consenso y resolver las reclamaciones, pues, los parámetros entre el asegurado y asegurador resultaron ser muy distantes. Por tal razón, algunas de estas reclamaciones, concluyeron en demandas radicadas ante los tribunales”, sostuvo Pernas en la misiva.
Incluso, Pernas advirtió que la valorización exagerada de las pérdidas realizada por determinados ajustadores públicos ha causado múltiples litigios innecesarios que al final solo han resultado en perjuicio al asegurado, que no obtuvo la cuantía de dinero que el ajustador prometió.
“Después de todo el proceso judicial, en ocasiones, el asegurado ha terminado recibiendo una cuantía menor a la oferta extendida originalmente por el asegurador previo a la intervención del ajustador público. Toda vez que el ajustador público devenga sus honorarios en un porciento de lo pagado por el asegurador, el asegurado termina cobrando menos de lo que determinó el tribunal”, indicó.
Según indica el documento, que contiene un amplio análisis del efecto del Proyecto 1533, en Puerto Rico se han desembolsado más de $7.2 billones en pagos por reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María. En total, se presentaron 303,069 reclamaciones, de las que 300,582 se habían resuelto. Al 20 de septiembre existían 1,800 reclamaciones pendientes, de las cuales 1,400 están en litigio en los tribunales.
Ante esa realidad la directora ejecutiva de ACODESE sostuvo que “la industria de seguros sí ha respondido a sus asegurados”, al sostener que sólo falta por resolver el .06 % de las reclamaciones presentadas.
Distorsión del regulador
No obstante, Pernas planteó que la propuesta para que la OCS pueda valorar pérdidas y establecer cuantías de dinero que una aseguradora deberá pagar a un asegurado, resulta en una distorsión de su responsabilidad como agencia reguladora, en la que debe conservar la objetividad y la imparcialidad.
De hecho, Pernas sostuvo que, con la facultad de ajustar reclamaciones aprobada, la OCS se convertiría “en juez y parte adjudicando reclamaciones sobre pólizas de seguros que previamente ha autorizado”. Además, la abogada señaló que la nueva facultad obligaría a la OCS a evaluar la valorización realizada por la aseguradora, considerando los términos, exclusiones y condiciones de la póliza y después procederá a «ajustar» los daños, lo cual es una responsabilidad que el Código de Seguros confiere a la figura del ajustador.
“No puede perderse de perspectiva que la valoración de daños tiene como necesario e imprescindible telón de fondo, las disposiciones de un contrato de seguros que el Comisionado mismo aprobó y cuyas nuevas facultades lo estarían convirtiendo prácticamente en un ajustador”, indicó.
Comisionados de EU no ajustan reclamaciones
Otro elemento destacado en la carta por la licenciada Pernas es que en Estados Unidos no existe un Comisionado de Seguros con la facultad de ajustar reclamaciones. También señaló que la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros no ha originado ni propulsado una medida para que semejante facultad se le conceda a los reguladores estadounidenses.
La carta plantea que la propuesta del Proyecto 1533 acontece a pesar de que la legislatura aprobó la Ley 242 en 2018, que establece el proceso de “appraisal”, que le permite a los asegurados someter a una evaluación independiente la valorización de daños. Además, la OCS ha autorizado 54 árbitros para el manejo de reclamaciones.
“Nos preguntamos, con menos del 1% de reclamaciones pendientes y al encaminarse el proceso de appraisal instituido en la Ley 242-2018 junto a los pleitos judiciales que actualmente se ventilan, ¿Cómo el Proyecto 1533 adelanta la resolución de dichas controversias?; ¿Acaso se procura derogar tácitamente la Ley 242 de 2018 o lo que se pretende es que existan ahora cuatro vías para atender reclamaciones; la interna en la aseguradora; la de appraisal; la judicial y la que propone el Proyecto 1533?”, cuestionó la ejecutiva.
Adelanto podría generar más pleitos
Sobre la propuesta de la medida para que el asegurado reciba un adelanto de su reclamación total, el análisis indica que el resultado inmediato de esa disposición es que el lenguaje abre las puertas para que el asegurado solicite el adelanto por concepto de una o varias partidas sobre las cuales no existe controversia y luego acuda a un tribunal a reclamar la diferencia.
“Estamos pues ante un escenario que lo que fomenta es las oportunidades de ajustadores públicos inescrupulosos que procuran su propio beneficio guiado por la contingencia en lugar de los mejores intereses del asegurado”, agregó la licenciada Pernas.
Como argumento final, Pernas señaló que el Proyecto 1533 viola la misión de la OCS, que es promover la solvencia y competitividad de la industria de seguros como sector vital de la economía. “En la medida en que este proyecto de ley amenaza la estabilidad y solvencia financiera de la industria de seguros, sobre todo poniendo en riesgo las capacidades de reaseguro, se fracasará en el logro de dicha misión”, concluyó Pernas.
Este medio ha intentado sin éxito obtener una reacción de la representante Martínez Soto.Se espera que el Proyecto 1533 sea considerado en vistas públicas en enero del 2023.
