La medida genera polémica entre sectores que defienden la libre competencia y quienes alertan sobre su impacto en las farmacias locales
SAN JUAN, Puerto Rico – La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) llamó a la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) a utilizar sus poderes bajo la Ley PROMESA para garantizar que los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido como VITAL, puedan acceder libremente a farmacias como Walgreens. La organización sostiene que las restricciones impulsadas por la Asociación de Farmacias Independientes atentan contra la libre competencia y aumentan los costos para el sistema de salud y los pacientes.
“Restringir el acceso a farmacias como Walgreens no solo limita la libertad de elección de los pacientes, sino que también encarece los medicamentos y pone en peligro la sostenibilidad fiscal del programa de salud pública”, afirmó Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET, en una carta dirigida al presidente de la FOMB, Arthur González.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte oposición por parte de otros sectores, como el Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), que advierten que la entrada de Walgreens al Plan Vital podría tener consecuencias perjudiciales para las farmacias comunitarias, los pacientes vulnerables y el ecosistema de salud local.
ACDET argumenta que incluir a Walgreens en la red de farmacias del Plan Vital fomentaría la competencia, lo que beneficiaría directamente a los pacientes al reducir los costos de los medicamentos. Además, destacó que la FOMB ya había intervenido en 2019 para invalidar la Ley 82-2019, una medida que habría reducido la competencia en los servicios farmacéuticos.
“El PSG es el principal motor de incertidumbre fiscal a largo plazo en Puerto Rico. Cualquier política que limite la competencia no solo eleva los costos, sino que también afecta negativamente a los pacientes que dependen de medicamentos accesibles”, expresó Otero.
La organización también recibió el respaldo de importantes entidades sin fines de lucro, como SER de Puerto Rico, la Sociedad Americana contra el Cáncer (Puerto Rico) y Make-A-Wish Puerto Rico, que destacaron la importancia de ampliar la red farmacéutica para mejorar el acceso a medicamentos en sectores vulnerables.
CASS: Una amenaza para las farmacias locales
Por otro lado, el CASS, liderado por la doctora Rosa Castro, ha manifestado su rechazo a la medida. Según Castro, la entrada de Walgreens al Plan Vital representa un peligro para la sostenibilidad de las farmacias comunitarias, que han desempeñado un papel crucial en el sistema de salud de la isla.
“Esta medida amenaza directamente al ecosistema de salud comunitario de Puerto Rico, poniendo en riesgo empleos, servicios personalizados y el acceso cercano a medicamentos para los pacientes más vulnerables”, afirmó Castro.
El CASS también señaló que Walgreens abandonó el sistema de salud público hace más de dos décadas, dejando a miles de pacientes sin acceso a sus medicamentos. Ahora, según Castro, la cadena busca regresar para revertir una aparente caída en sus ventas, utilizando su influencia corporativa para ganar apoyo público.
“El sistema de salud necesita soluciones que fortalezcan a las farmacias locales, no medidas que desestabilicen el delicado equilibrio del sistema en beneficio de una gran cadena”, concluyó Castro.
Mientras ACDET advierte que limitar el acceso a Walgreens podría incrementar los costos del PSG en más de $30 millones anuales, el CASS subraya que la entrada de esta cadena centralizaría el poder en un único proveedor, debilitando a las farmacias locales que generan empleo y ofrecen servicios adaptados a las necesidades de sus comunidades.
ACDET instó a la FOMB y al gobierno de Puerto Rico, encabezado por el gobernador Pedro Pierluisi y la gobernadora electa Jenniffer González, a priorizar el bienestar de los pacientes y promover políticas que incentiven la competencia en el mercado farmacéutico.
“La competencia es esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal y proteger el acceso de los ciudadanos a los medicamentos. Pedimos a la Junta que actúe con firmeza para detener interferencias políticas que favorecen intereses particulares sobre el bienestar colectivo”, concluyó Otero.
El debate continúa, reflejando las tensiones entre quienes abogan por la libre competencia y quienes buscan proteger a las farmacias locales y su rol en el sistema de salud comunitario de Puerto Rico.
