La organización propone revisar las exenciones, ajustar el sistema por inflación y financiar los alivios permanentes con ingresos recurrentes
SAN JUAN, Puerto Rico
Espacios Abiertos pidió que toda propuesta de reforma contributiva publique, antes de someterse a votación, cuánto pagarán los contribuyentes según su nivel de ingresos y quiénes se beneficiarán de los cambios. La recomendación forma parte de ocho planteamientos divulgados por la organización este miércoles.
La entidad propuso evaluar el sistema en conjunto, desde las contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones hasta el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), los tributos municipales y las preferencias contributivas. Reclamó un calendario definido, análisis públicos y participación de la sociedad civil, las empresas, el tercer sector y la academia.
Para comparar las propuestas, Espacios Abiertos recomendó utilizar la tasa efectiva total que pagan las personas, incluidos el IVU y los impuestos municipales, en lugar de limitar la discusión a las tasas nominales de la contribución sobre ingresos.
También planteó examinar primero las exenciones, los créditos y las tasas preferenciales de mayor costo. Según su análisis del Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico de 2025, esas preferencias representan cerca del 35.3% del producto nacional bruto. La organización sostuvo que debe determinarse cuáles justifican su costo presupuestario.
Otro de sus planteamientos es mantener el crédito por trabajo en términos reales y medir su costo neto, tomando en cuenta los recaudos adicionales y las reducciones de gasto público que pueda generar. En su comunicación, citó datos de Hacienda que cifran en 736,568 las familias que habían recibido $1,497.1 millones por ese crédito al 16 de abril de 2026.
La propuesta de ajuste por inflación abarcaría además los tramos contributivos, las exenciones, las deducciones y otros créditos. Espacios Abiertos pidió que ese costo se financie desde el inicio para evitar que la inflación altere las cargas o los beneficios sin una decisión legislativa.
La entidad insistió en que los alivios permanentes deben tener fuentes de financiamiento recurrentes y verificables. Como ejemplo, citó una contestación de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal al Senado, según la cual el costo anual del Proyecto del Senado 912 pasaría de $550 millones a $725.1 millones en 2031.
Las restantes recomendaciones reclaman publicar el informe de gastos tributarios antes de marzo de cada año, identificar a los beneficiarios por nivel de ingreso y fijar objetivos, indicadores y fechas de revisión para las preferencias. También proponen evaluar las medidas después de implantarlas, comenzando por el Cheque de Alivio Contributivo.
En ese último caso, la organización citó desembolsos de $431.8 millones a 676,122 contribuyentes al 12 de junio de 2026, de una asignación de $554 millones, y pidió divulgar su distribución por ingresos y su impacto fiscal observado.
