El acuerdo también obligará a Instagram y Facebook a adoptar nuevas protecciones para menores y destinará al menos la mitad de los fondos a atender daños en la niñez y juventud puertorriqueña
Por Antonio Gómez
Especial para Seguros y Finanzas
Puerto Rico podría recibir más de $120 millones del acuerdo alcanzado por Meta con varias jurisdicciones en Estados Unidos, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
La funcionaria indicó que el Gobierno de Puerto Rico se unió a una transacción multiestatal con Meta Platforms, Inc. que permitirá que la Isla reciba más de $120 millones para remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña mediante el uso desmedido de las redes sociales Instagram y Facebook.
Gómez Torres sostuvo que “la transacción resuelve la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 19 de diciembre de 2024, mediante la cual la Oficina de Asuntos Monopolísticos argumentó que Meta diseñó Instagram y Facebook para generar adicción en los menores de edad, y que engañó al público sobre los daños a la salud mental que sus plataformas causan a los jóvenes”.
Precisó que, bajo el acuerdo, Puerto Rico recibirá $124.7 millones garantizados, pagaderos en 10 plazos, con la posibilidad de recibir $53.7 millones adicionales, condicionados a que TikTok, YouTube y Snap adopten protecciones equivalentes.
Señaló, por otra parte, que al menos la mitad de los fondos se destinará a remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña, en coordinación con el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Educación.
La secretaria explicó en su comunicado que, “más allá del componente económico, el acuerdo obliga a Meta a transformar la experiencia de los menores en sus plataformas. Un auditor independiente verificará su cumplimiento durante cinco años”.
Entre las medidas que deberá adoptar Meta se encuentran un nuevo sistema de verificación de edad para identificar a usuarios adolescentes y menores de 13 años, con metas de precisión verificables; un límite de dos horas diarias de uso de contenido en todas las plataformas de Meta, que se reduciría a una hora por plataforma si el resto de la industria adopta los mismos términos; pausas obligatorias tras 15 minutos de uso continuo y a los 60 y 90 minutos de uso acumulado; restricciones de acceso nocturno y un modo escolar que bloqueará las notificaciones durante el horario de clases; la opción de un feed no personalizado por algoritmo y sin reproducción automática; detección de cuentas secundarias; protecciones contra la comparación social, incluidos filtros que simulan procedimientos cosméticos; mayor seguridad de contenido y menor exposición a personas y experiencias dañinas; y herramientas ampliadas de supervisión parental.
“Este es un hito judicial para Puerto Rico. Nuestra demanda alegó que aproximadamente el 76 por ciento de los niños y niñas de Puerto Rico usan Instagram y que más de dos millones de residentes utilizan una plataforma de Meta. Hoy garantizamos $124.7 millones para atender esos daños y, más importante aún, cambios concretos y auditados en cómo Instagram y Facebook tratan a nuestros menores. Me comprometo a trabajar en coordinación con el Departamento de Salud, ASSMCA y el Departamento de Educación para lograr el bienestar de nuestros niños y niñas con estos fondos”, expresó Gómez Torres.
“Si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico, aun cuando sea en detrimento de la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios. Por ello, existe un interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico de proteger a nuestra población; en especial a los menores de edad, quienes son más vulnerables. Puerto Rico no fue un espectador en este esfuerzo. Presentamos nuestra propia demanda, con nuestra propia teoría legal, y la defendimos hasta el final”, añadió.
La secretaria adelantó que el Departamento de Justicia someterá la sentencia por consentimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en los próximos días.
“La transacción, negociada por una coalición de más de 40 jurisdicciones lideradas por los procuradores generales de Colorado y Tennessee, resuelve las demandas presentadas en el litigio multidistrital federal en California y en tribunales estatales de todo el país”, indicó.
