El proyecto prohibiría que reclamaciones sean denegadas o reducidas predominantemente mediante sistemas automatizados sin una revisión humana significativa
SAN JUAN
Una comisión del Senado de Puerto Rico evaluó el Proyecto del Senado 1226, que busca establecer protecciones para los consumidores ante el uso de inteligencia artificial y otros sistemas automatizados en el procesamiento de reclamaciones de seguros.
La medida, presentada por la senadora Nitza Moran Trinidad, propone crear la “Ley de Transparencia y Supervisión en el Uso de la Inteligencia Artificial en las Reclamaciones de Seguros” y enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico.
Entre sus disposiciones principales, el proyecto impediría que una aseguradora deniegue total o parcialmente una reclamación o reduzca su pago basándose exclusiva o predominantemente en algoritmos, inteligencia artificial o sistemas de aprendizaje automático sin la intervención significativa de un profesional humano cualificado.
También prohibiría delegar las decisiones finales sobre reclamaciones a sistemas automatizados sin una revisión humana independiente, documentada y razonada. Antes de una denegación o reducción, el profesional tendría que analizar los hechos y la póliza, evaluar cualquier recomendación automatizada y tomar una determinación mediante su propio juicio.
La propuesta reconoce además el derecho del asegurado a solicitar una revisión humana independiente de cualquier denegación o reducción. Esa revisión tendría que completarse en un máximo de 15 días calendario y acompañarse de una explicación detallada, clara y fundamentada en derecho y hechos.
Durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, Moran sostuvo que Puerto Rico necesita legislación que establezca cómo debe manejarse la inteligencia artificial en distintos ámbitos, incluido el sector de seguros.
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), representada por la licenciada Suzette Del Valle, favoreció el proyecto con enmiendas dirigidas a establecer un marco más amplio de gobernanza, fiscalización, seguridad y rendición de cuentas.
Del Valle indicó que actualmente el Código de Seguros no obliga a informar al consumidor cuando interactúa con un sistema automatizado y planteó que esa divulgación podría incorporarse mediante una enmienda al proyecto.
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) también respaldó la medida. Su director ejecutivo, Carlos Santiago Rosario, sostuvo que la inteligencia artificial puede utilizarse para agilizar aprobaciones, clasificar casos, extraer información de expedientes médicos y verificar documentos, pero no debe decidir por sí sola una denegación final.
La Asociación de Hospitales de Puerto Rico favoreció igualmente la legislación con recomendaciones. Su representante, Eduardo Fantauzzi, propuso ampliar las disposiciones a determinaciones relacionadas con autorizaciones previas y revisiones concurrentes o retrospectivas, además de definir qué constituye una intervención humana significativa y exigir mayor divulgación sobre los sistemas automatizados utilizados.
En contraste, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) expresó oposición al proyecto según está redactado. Su directora ejecutiva, Iraelia Pernas, argumentó que impondría obligaciones excesivas, duplicaría requisitos regulatorios existentes y podría afectar la eficiencia, innovación y competitividad de la industria.
El proyecto contempla multas administrativas de entre $5,000 y $25,000 por cada violación y permitiría que consumidores afectados presenten acciones civiles contra las aseguradoras. También establece una presunción rebatible de arbitrariedad cuando una compañía no pueda demostrar que hubo revisión humana independiente o cuando una decisión se haya basado predominantemente en sistemas automatizados sin validación humana documentada.
