Robert F. Mujica Jr. advirtió que el crecimiento de Puerto Rico todavía no es autosostenible, reclamó reformas estructurales y señaló que aún falta demostrar acceso adecuado a los mercados de crédito
SAN JUAN, Puerto Rico
El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica Jr., advirtió que el impulso económico de Puerto Rico se está desacelerando y que, aunque la situación fiscal se ha estabilizado, todavía quedan condiciones por cumplir antes de terminar el periodo de supervisión establecido por PROMESA.
“La posición fiscal de Puerto Rico hoy es estable. Sin embargo, la recuperación fiscal de Puerto Rico no está completa”, sostuvo este martes durante su participación en el Primer Congreso Económico de la Asociación de Profesionales de Asuntos Financieros (APAF).
El funcionario señaló que el crecimiento aún no se ha convertido en autosostenible, mientras los fondos federales de recuperación por desastres continúan el curso para el cual fueron asignados y persisten obstáculos estructurales que, a su juicio, limitan el desarrollo económico.
Al abordar las perspectivas económicas, fue más directo: “El impulso económico de Puerto Rico se está desacelerando”.
Los recaudos contributivos cerraron el año fiscal aproximadamente 3 % por encima del año anterior y superaron las proyecciones del plan fiscal, pero el resultado estuvo impulsado principalmente por las contribuciones corporativas, particularmente en junio. La Junta todavía analiza qué provocó ese comportamiento para determinar si es sostenible.
Los recaudos por impuestos al consumo, en cambio, permanecieron por debajo de los niveles del año anterior. Ante la desaceleración y la incertidumbre, el presupuesto de este año se mantuvo relativamente estable.
Puerto Rico también tiene pendiente demostrar acceso adecuado a los mercados de crédito a tasas razonables, una de las condiciones establecidas por PROMESA para terminar la supervisión.
“Todavía no estamos ahí”, afirmó.
Poner al día los estados financieros auditados atrasados no será suficiente. El Gobierno deberá demostrar que puede producirlos puntualmente y de manera consistente, además de generar evidencia de que los inversionistas están nuevamente dispuestos a comprar deuda de Puerto Rico y considerarla solvente. Esa evaluación, recalcó, corresponderá al mercado y no a una certificación de la Junta.
PROMESA también exige cuatro presupuestos consecutivos balanceados bajo el método de contabilidad de acumulación modificada. Aunque los presupuestos certificados durante la vigencia de la Junta han estado balanceados sobre una base de efectivo, el Gobierno todavía trabaja en la implantación del sistema requerido.
Durante la supervisión se han completado 12 reestructuraciones de deuda y queda pendiente la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según las cifras presentadas, las medidas adoptadas han producido $76,000 millones en ahorros: aproximadamente $55,000 millones mediante la reducción del servicio de la deuda y otros $21,000 millones al alinear el gasto con los ingresos que Puerto Rico recauda.
El servicio anual de la deuda pasó de $4,200 millones a $1,150 millones. Eso redujo de 28 centavos a seis centavos por cada dólar la proporción destinada al pago de deuda. La Junta también asegura haber evitado cerca de $30,000 millones en legislación de gasto que consideró inasequible y haber destinado $20,000 millones a inversiones estratégicas mediante los presupuestos certificados.
Sobre la quiebra de la AEE, el director ejecutivo sostuvo que podría resolverse rápidamente si se aceptara un costo que la Junta considera insostenible para consumidores y empresas.
“Podríamos resolver la AEE mañana, pero sería a un costo que sabemos que Puerto Rico no puede pagar. Eso no es una solución”, afirmó.
La Junta aumentó hace varios meses en más de $1,000 millones su oferta a los bonistas que no han alcanzado acuerdos, llevando la recuperación propuesta de 19 % a más de 35 %. También incorporó un instrumento de valor contingente para que esos acreedores participen de un desempeño financiero de la AEE superior al proyectado. Según indicó, el grupo mayoritario de bonistas no aceptó la propuesta ni presentó una contrapropuesta.
Los permisos y el sistema contributivo fueron identificados como dos de las reformas con mayor potencial para estimular el crecimiento.
El sistema de permisos fue descrito como una barrera para la entrada y expansión de negocios debido a la incertidumbre generada por revisiones discrecionales, estatutos descoordinados y plataformas separadas entre agencias. La Junta respalda el proyecto de reforma presentado por la administración y su aprobación en la Legislatura.
En materia contributiva, el funcionario sostuvo que las diferencias entre beneficiarios de decretos y negocios locales han producido una economía de “dos niveles”, en la que las pequeñas empresas enfrentan una desventaja estructural.
Planteó la necesidad de establecer un régimen contributivo más simple, uniforme y equitativo y aseguró que el organismo fiscal está dispuesto a respaldar una reforma amplia junto con el Gobierno.
La contratación gubernamental ocupó otra parte central del mensaje. Actualmente, la Junta realiza una revisión independiente de los principales contratos antes de que sean firmados. Aunque la Oficina del Contralor puede fiscalizarlos posteriormente, esa auditoría, argumentó, no sustituye la capacidad de detectar problemas antes de que salga el dinero público.
“Cuando la Junta se vaya, ¿quién va a hacer eso? Tal como están las cosas ahora mismo, la respuesta es nadie”, advirtió.
Como ejemplo de la importancia de esa fiscalización, citó la revisión realizada el año pasado a un contrato de suministro de gas natural para el sistema eléctrico valorado en aproximadamente $20,000 millones. Según indicó, la Junta encontró preocupaciones e inconsistencias con la solicitud y el proceso de contratación originales, y los cambios requeridos están proyectados a generar más de $4,000 millones en ahorros.
El tema cobra particular relevancia en medio de la controversia por el contrato de generación temporera en la Central Aguirre. El pasado 14 de agosto, la Junta revocó su aprobación al contrato de hasta $5,900 millones y 10 años entre la AEE y Power Expectations, LLC, Enchanted Rock, LLC y Reyes Contractor, LLC, y ordenó a la corporación pública terminar el acuerdo. También decidió referir los asuntos relacionados con el contrato a las autoridades correspondientes.
La determinación se produjo después de que ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, informara a la Junta que esa compañía no formaba parte del proyecto y alegara que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización. La Junta sostuvo que la participación de Enchanted Rock había sido un factor determinante para aprobar el contrato, debido a su experiencia en proyectos de generación eléctrica.
Previamente, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina del Zar de Energía habían referido al Departamento de Justicia y a autoridades federales las alegaciones sobre el posible uso no autorizado del nombre y la firma de Enchanted Rock, así como las representaciones realizadas durante el proceso competitivo.
Power Expectations rechazó el 17 de agosto cualquier insinuación de fraude o tergiversación y sostuvo que su participación fue transparente y documentada. La Junta, por su parte, ha indicado expresamente que no toma posición sobre la controversia entre Power Expectations y Enchanted Rock y que su preocupación se concentra en la exactitud y totalidad de la documentación presentada y en el cumplimiento de las condiciones impuestas para aprobar el contrato.
Sin mencionar por nombre esa contratación durante su discurso, el ejecutivo de la Junta aludió a los titulares de las últimas semanas y evitó evaluar desde el podio procesos específicos porque, dijo, las interrogantes están ahora en manos de organismos investigativos.
“Lo que sí diré es que titulares como esos son la razón por la que se necesitan reformas”, afirmó.
También señaló que Puerto Rico carece de una ley integral sobre cabildeo, cuestionó las compensaciones contingentes vinculadas a decisiones gubernamentales y advirtió sobre contratos que pueden mantenerse mediante renovaciones durante años sin regresar a competencia.
“El mecanismo de protección que está haciendo el trabajo hoy no tiene un sucesor escrito en la ley de Puerto Rico”, sostuvo.
Al concluir, reclamó al sector empresarial y financiero que impulse ante el Gobierno y la Legislatura las reformas de contratación pública, permisos y contribuciones.
“Estamos en camino de terminar nuestro periodo de supervisión”, afirmó, aunque durante su presentación dejó claro que todavía quedan requisitos y reformas por completar antes de que termine la Junta.
