Gregorio Matías Rosario señaló que la aseguradora administra seguros de empleados estatales y municipales sin contar con oficina en Puerto Rico
El senador Gregorio Matías Rosario cuestionó a Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) por administrar seguros de empleados públicos estatales y municipales sin contar con una oficina en Puerto Rico, durante una vista pública sobre la implementación de una póliza de seguro de vida por accidente y desmembramiento para empleados públicos de alto riesgo.
La audiencia fue celebrada por la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado, que preside Matías Rosario, como parte de la evaluación de la Resolución del Senado 81. La medida ordena investigar el grado de implementación, alcance y aplicabilidad de la Resolución 2024-20 de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.
“A MetLife se le pagan millones de dólares, porque quiero decirles, por si no tienen el conocimiento, todos los empleados municipales y estatales están asegurados por MetLife. Durante años yo me he preguntado cómo es posible que esta gente aquí estén controlando los seguros de todos los servidores públicos, pero no se dignen en abrir una oficina en Puerto Rico”, sostuvo el senador.
La póliza evaluada ofrece una cubierta de hasta $500,000 por muerte accidental y desmembramiento a servidores públicos de alto riesgo que no cualifican para beneficios bajo la Ley Núm. 127-1958.
El director de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Lcdo. Arnaldo Ortiz Miranda, informó que la póliza está vigente desde el 1 de julio de 2024 y surgió como alternativa ante las limitaciones de beneficios para empleados públicos de alto riesgo. Explicó que la cubierta tiene un costo de $10 mensuales por empleado, sufragado por el Gobierno de Puerto Rico como beneficio adicional.
El Lcdo. César Matos Benítez, representante de MetLife, indicó que desde la entrada en vigor del beneficio de muerte accidental o desmembramiento en cumplimiento del deber, en 2024, no se ha presentado ninguna reclamación bajo esa cubierta ante la aseguradora.
Matos Benítez señaló, además, que desde que existe la póliza grupal con la Junta de Retiro se han pagado aproximadamente $37 millones en beneficios.
Representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Lcdo. Luis R. Rivera Cruz y el Lcdo. Osvaldo Guzmán, reconocieron que la Junta de Retiro es la entidad encargada de adoptar las medidas administrativas necesarias para implantar la política pública.
Nelson Cruz Santiago, del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sostuvo que la agencia ha cumplido con someter mensualmente a la Junta de Retiro los informes correspondientes mediante correo electrónico. También destacó la importancia de la Resolución 2024-20 para proteger a empleados de alto riesgo.
Por su parte, el director de la División de Psicología de la Policía de Puerto Rico, Dr. Juan Carlos Centeno, indicó que la agencia no está en posición de ofrecer una evaluación definitiva sobre la efectividad, aplicabilidad o alcance de la póliza, debido a que no se ha tramitado formalmente ningún caso bajo esa cubierta.
“Por ello, entiende meritorio que se lleve a cabo la investigación legislativa propuesta, a los fines de clasificar su funcionamiento y asegurar su adecuada implementación”, expresó Centeno.
El Lcdo. Francisco Méndez Rivera, del Departamento de Corrección y Rehabilitación, informó que la División de Beneficios Marginales, adscrita a la Secretaría de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, orienta al personal, canaliza solicitudes y sirve de enlace con la Junta de Retiro.
Méndez Rivera indicó que el 12 de noviembre de 2024 se envió una comunicación oficial a todo el personal mediante correo electrónico institucional, junto con el formulario de designación de beneficiarios JR-310. Añadió que se publicaron avisos en tablones informativos de instituciones correccionales y juveniles, y que se han emitido recordatorios periódicos.
Durante la audiencia, el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, propuso que la cubierta aplique de forma inequívoca a todos los miembros del Departamento de Seguridad Pública, al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico bajo cualquier estatus de servicio oficial.
Rivera Román también recomendó incluir cobertura en casos de actos de guerra, terrorismo y suicidio, así como eliminar la restricción de que aplique únicamente bajo una llamada de emergencia del gobernador.
La Lcda. Gisselle Rosa González, de la Oficina de Administración de Tribunales, sostuvo que la entidad ha cumplido con los requerimientos de orientación, notificación y tramitación de información relacionada con la póliza de muerte por accidente y desmembramiento. Añadió que la oficina continuará orientando al personal de alguacilazgo para que conozca los beneficios aplicables y pueda reclamarlos adecuadamente.
Alberto Rosario Rivera, de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, señaló que, por una interpretación de la ley, la clasificación de agentes especiales fiscales fue excluida del beneficio. Indicó que ese personal realiza trabajo profesional y especializado, tanto de campo como de oficina, en investigaciones sobre posibles violaciones a las leyes fiscales.
Rosario Rivera informó que, en octubre de 2025, el Departamento de Hacienda sometió una consulta a la Junta de Retiro para que se considerara a los agentes especiales fiscales como participantes del beneficio.
Matías Rosario expresó preocupación por la administración de los seguros de los servidores públicos y sostuvo que continuará evaluando la implementación de la póliza y el alcance de la cubierta para empleados públicos de alto riesgo.
