La medida busca aliviar la carga contributiva de pequeños y medianos comerciantes, mientras se analizan alternativas para evitar un impacto fiscal en los municipios
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Asuntos Municipales del Senado evaluó en vista pública un proyecto que propone eximir del impuesto al inventario de propiedad mueble a pequeños y medianos comerciantes con ventas brutas anuales de hasta $5 millones, como parte de una discusión que también incluye el posible efecto de la medida sobre las finanzas municipales.
La medida bajo consideración es el Proyecto del Senado 865, de la autoría del presidente de la comisión, José “Josian” Santiago Rivera, y plantea enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico.
Durante la audiencia, el legislador indicó que la propuesta podría eximir del pago del impuesto a sobre el 90% del comercio puertorriqueño, por lo que adelantó que trabajan en modificar el proyecto para establecer de dónde saldrían los fondos que compensen la pérdida de ingresos y evitar que los municipios se vean afectados. También señaló que ya cursan comunicación a la Junta de Supervisión Fiscal para atender el asunto.
En apoyo a la medida depusieron representantes de Colmena 66 del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Bárbara Rivera Chinea sostuvo que una exención contributiva sobre el inventario tendría un efecto positivo directo al permitir que los negocios adquieran y mantengan mercancía, insumos o productos suficientes en momentos clave de sus operaciones.
Añadió que las PyMEs constituyen la mayor parte del ecosistema empresarial de la isla y enfrentan presiones significativas por costos operacionales, impuestos y regulaciones, mientras que el impuesto al inventario representa una carga que limita su crecimiento, planificación y capacidad de respuesta ante crisis.
Rivera también presentó alternativas para alcanzar consenso en torno a la propuesta, entre ellas establecer una exención hasta cierto por ciento del inventario y, por encima de ese umbral, aplicar una contribución escalonada según la categoría de microempresa, pequeña o mediana empresa. Además, planteó evitar la doble y triple tributación de mercancía en inventario y alinear la medida con ayudas e incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
A la audiencia comparecieron igualmente representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que reiteraron su posición de que el impuesto al inventario debe eliminarse para todos los contribuyentes.
No obstante, la entidad favoreció el Proyecto del Senado 865 como una medida intermedia, condicionado a que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa rinda su informe y a que la Junta de Supervisión Fiscal certifique su viabilidad. La licenciada Margaret Ramírez Báez sostuvo, además, que es imperativo que el CRIM actualice su base de datos de 2019 antes de legislar sobre el tema.
Durante la vista, Ramírez indicó que el comité anunciado por la gobernadora para atender este asunto no se reúne desde enero. Explicó que se conformó un subcomité que debe rendir un informe, pero que ese documento aún no ha sido recibido.
La Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción también expresó respaldo a la pieza legislativa. Su representante, Fabio Quevedo, afirmó que la medida representa un paso hacia la equidad contributiva y el fortalecimiento del comercio local, en particular para un sector que enfrenta costos operacionales altos, inflación y volatilidad en la cadena de suministro.
Según expuso, la exención propuesta podría traducirse en mayor liquidez para los comerciantes, mejor manejo de inventario y un fortalecimiento de la economía local. Entre sus sugerencias, planteó considerar a mediano plazo la eliminación total del impuesto al inventario para todos los contribuyentes, establecer mecanismos ágiles para implantar la exención y aplicarla desde el próximo año fiscal.
