La nueva legislación busca agilizar los trámites de inscripción, simplificar la corrección de errores y actualizar los requisitos para los registradores de la propiedad
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley que enmienda la Ley 210-2015, conocida como la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de modernizar los procesos hipotecarios, reducir costos al público y facilitar el tráfico jurídicoen la Isla.
La medida, presentada como el Proyecto de la Cámara A082, actualiza los artículos 11, 236, 237, 238 y 280 del estatuto vigente, y responde a la necesidad de hacer más ágiles y eficientes los trámites en el Registro de la Propiedad, tras una década de vigencia de la ley original.
Según la exposición de motivos, “las enmiendas propuestas facilitan el tráfico jurídico y minimizan los costos de las transacciones jurídicas a la ciudadanía, sin menoscabo del principio de legalidad que debe regir las transacciones llevadas a cabo en el Registro de la Propiedad”.
Principales cambios incluidos en la nueva ley
- Notificaciones más ágiles: Los registradores deberán emitir una notificación extraoficial cuando identifiquen defectos en los documentos presentados para inscripción, con el fin de permitir su corrección antes de emitir una notificación formal.
- Términos definidos: Se establece un plazo de 90 días laborables para la notificación de defectos y 60 días para su subsanación, con interrupción del término cuando se presente un escrito de recalificación.
- Simplificación de trámites electrónicos: Las notificaciones deberán enviarse a través del sistema de informática registral, lo que elimina procesos en papel y acelera la comunicación entre el registrador y el notario.
- Actualización profesional: Se reduce de diez (10) a cinco (5) años la experiencia mínima requerida para ocupar el cargo de Registrador de la Propiedad, lo que amplía el acceso a nuevos profesionales del derecho.
- Inclusión de sentencias extranjeras: Se clarifica la inscripción de sentencias emitidas por tribunales de los Estados Unidos, excluyendo aquellas dictadas por el sistema federal y estableciendo los procedimientos aplicables mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia.
La nueva ley también dispone que sus disposiciones serán aplicables a todos los instrumentos públicos que se presenten para inscripción tras su aprobación, incluso si fueron otorgados antes de esa fecha.
Con esta firma, la gobernadora González Colón aseguró que su administración “mantiene el compromiso de agilizar la gestión pública y eliminar trabas que encarecen o retrasan los procesos legales y registrales”.
