Expertos legales y fiscales advierten sobre investigaciones en curso y estrategias para mitigar riesgos
Por José E. Maldonado Marrero
Revista Seguros y Finanzas
SAN JUAN, Puerto Rico – La Ley 60, que otorga incentivos contributivos a inversionistas y empresas en Puerto Rico, está bajo un creciente escrutinio por parte del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS). Durante el Porzio Law & Compliance Summit 2025, abogados y especialistas en impuestos discutieron la fiscalización en curso, destacando que el IRS no solo está revisando la residencia bona fide y la segregación de ingresos, sino que también está investigando con mayor detalle las prácticas de precios de transferencia de empresas acogidas a la Ley 60.
En el panel “IRS Investigations and Targeting ACT 60 Recipients: Planning and Prevention”, participaron expertos en derecho tributario y cumplimiento normativo, incluyendo Francisco E. Colón-Ramírez (Porzio, Bromberg & Newman, P.C.), Gavin George (Tax Network USA), Isabel Hernández (Kevane Grant Thornton), Giovanni Méndez (GEO Tax), Deirdre R. Wheatley-Liss (Porzio, Bromberg & Newman, P.C.) y CJ Whisnant (Tax Network USA).
Los panelistas explicaron que el IRS ha identificado más de 100 casos en revisión relacionados con beneficiarios de la Ley 60, mientras que el gobierno de Puerto Rico ha revocado 300 decretos en el cuatrienio pasado por incumplimiento con las disposiciones legales.
IRS pone la mira en precios de transferencia
Uno de los temas que más preocupación generó entre los asistentes fue la fiscalización de precios de transferencia, un área de especial interés para el IRS en su revisión de empresas que operan en Puerto Rico bajo los incentivos de la Ley 60.
La CPA Isabel Hernández, socia de impuestos en Kevane Grant Thornton, explicó que los precios de transferencia afectan a aquellas compañías que tienen operaciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos o en otras jurisdicciones, y que deben asegurarse de que sus transacciones sean consistentes con valores de mercado.
«Si una empresa con incentivos en Puerto Rico recibe ingresos de una entidad en EE.UU. controlada por los mismos dueños, el IRS quiere asegurarse de que esas transacciones sean legítimas y que no se usen para trasladar artificialmente ingresos a Puerto Rico y pagar menos impuestos», explicó Hernández.
El IRS está revisando con especial detalle las tarifas que las empresas acogidas a la Ley 60 cobran por servicios a sus filiales en EE.UU.. Si determina que esos precios no reflejan valores de mercado y que se están manipulando para trasladar ingresos a la isla y pagar una tasa preferencial del 4%, puede reclasificarlos y aplicar impuestos adicionales en EE.UU.
Giovanni Méndez, abogado especializado en incentivos contributivos, advirtió que las empresas deben asegurarse de contar con estudios de precios de transferencia y documentación que justifique sus tarifas.
«El IRS está mirando con lupa estas transacciones. Si no pueden demostrar que sus tarifas son de mercado, se exponen a ajustes y penalidades», afirmó Méndez.
Residencia bona fide y segregación de ingresos siguen en la mira
Además de los precios de transferencia, el IRS continúa evaluando dos factores clave en sus auditorías a beneficiarios de la Ley 60:
- Residencia bona fide: Determinar si los beneficiarios realmente cumplen con los requisitos federales para ser considerados residentes de Puerto Rico.
- Segregación de ingresos: Verificar que los ingresos se reporten correctamente en ambas jurisdicciones y que no se estén utilizando estructuras fiscales para evadir impuestos en EE.UU.
«Si una persona no cumple con la residencia bona fide, su planificación fiscal colapsa. Y si la cumple, el IRS revisa si los ingresos se están declarando correctamente en ambas jurisdicciones», explicó Hernández.
Los panelistas coincidieron en que los beneficiarios deben mantener documentación robusta, incluyendo contratos de alquiler o compra de propiedad, membresías en clubes locales, cuentas bancarias activas en Puerto Rico y registros de participación en la comunidad empresarial.
Porzio, Bromberg & Newman: ajustes a la Ley 60 y la Ley Jones
Más allá del escrutinio del IRS, los abogados Vito Gagliardi y Bill Hughes, de la firma Porzio, Bromberg & Newman, destacaron que la Ley 60 podría optimizarse para beneficiar más a los puertorriqueños.
«La Ley 60 ha atraído inversión, pero Puerto Rico debe hacer ajustes para que más locales puedan aprovecharla», dijo Gagliardi.
Hughes explicó que la clave está en fomentar más empleos y la exportación de servicios desde la isla: «No se trata solo de atraer capital externo, sino de incentivar negocios locales que exporten servicios a EE.UU., Europa y Latinoamérica», afirmó.
Además, los abogados abordaron la necesidad de modificar la Ley Jones, que limita el comercio marítimo de Puerto Rico al obligar que todas las importaciones se realicen en barcos con bandera estadounidense, lo que encarece los productos en la isla.
«La Ley Jones aumenta los costos de vida en Puerto Rico y afecta la competitividad de la isla. Creemos que debe revisarse para permitir importaciones a precios más competitivos», dijo Gagliardi.
Hughes recordó que la firma representó al gobierno de Puerto Rico en un intento por obtener una exención del Jones Act para importar gas natural licuado (LNG) a mejores precios, pero la industria marítima bloqueó la solicitud.
«La industria del transporte marítimo estaba tan preocupada por nuestro esfuerzo que lograron cambiar la ley para que no se pudiera solicitar una exención de nuevo», explicó Hughes.
Recomendaciones para los beneficiarios de la Ley 60
Los expertos coincidieron en que los beneficiarios deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de la Ley 60 y documentar adecuadamente su residencia y operaciones en Puerto Rico.
«El IRS y Hacienda están aumentando su fiscalización. Los que no cumplan se exponen a perder sus beneficios y a enfrentar reclamaciones tributarias», advirtió Méndez.
El aumento en la fiscalización sugiere que las investigaciones seguirán en ascenso, por lo que los beneficiarios deben reforzar sus estrategias de cumplimiento para evitar sanciones y garantizar su permanencia en los programas de incentivos de la isla.
